Industria rechaza pleitear con ACS y abonará los 1.500 millones de euros de Castor

El Estado se compromete a compensar a los inversores de la planta de almacenamiento de gas natural de acuerdo con lo dispuesto en 2008.

ACSLa misma semana en la que el Gobierno ha recibido una alegría en forma de visto bueno judicial a las prospecciones de petróleo en las Islas Canarias, otro proyecto participado por el Estado, el almacén subterráneo de gas Castor, parece haber comenzado su desmantelamiento. Los distintos informes de diferentes organismos mostrando sus sospechas sobre la relación entre la actividad de la planta y los seísmos en la costa han abocado al Ministerio de Industria a cesar su actividad. Sin embargo, la inversión ya estaba hecha.

ACS, accionista mayoritario del fracasado proyecto, reclama al Gobierno los 1.500 millones de euros invertidos en Castor a través de Escal UGS, la empresa concesionaria. Eso sí, que nadie espere que la diligencia del Estado en pagar a los inversores correrá a cuenta de alguna fuente milagrosa de financiación, ya que serán los propios contribuyentes quienes, una vez más, costeen la enésima infraestructura estéril realizada por alguna administración pública. Los motivos que se esgrimen para evitar un contencioso es que la planta debe cerrarse legalmente cuanto antes para cumplir compromisos.

Industria ha señalado asimismo que no acordará pago alguno hasta que Escal UGS renuncie formalmente a Castor. Desde luego, la voluntad de ACS es de pasar página cuanto antes, pero para adoptar una decisión de este calibre debe consultar previamente a los distintos acreedores financieros, que exigirán igualmente unas garantías elementales de cobro. Entre los prestatarios se encuentra el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por extensión los ciudadanos europeos que posean bonos y letras de dicha entidad.

El único consuelo aparente para el Ejecutivo es que el decreto del Tribunal Supremo que faculta a ACS a pedir esta compensación por reversión fue solicitado por su antecesor en el cargo Miguel Sebastián. De este modo, cuando comiencen a formularse las inevitables acusaciones sobre la pésima gestión del asunto, Gobierno y oposición podrán acusarse mutuamente con total licitud. Por lo que respecta al contribuyente, es de destacar que el pago de los 1.500 millones de euros se iniciará en noviembre de este año y se alargará hasta 2034.

Vía: Cotizalia.

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