El Gobierno pone cerco al “crowdfunding”

El anteproyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo limita notablemente el margen de maniobra de las financiaciones colectivas y aumenta su complejidad.

crowdfunding

Existe un tópico en la economía de mercado que afirma que toda regulación acaba por afectar negativamente al sector que se intenta proteger. Pese a lo exagerado de la cita, lo cierto es que iniciativas como la que ha lanzado el Gobierno de España a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial contribuyen a extender esa impresión. A la espera de su tramitación parlamentaria, esta medida busca poner coto a la cada vez más popular financiación colectiva o “crowdfunding”.

El “crowdfunding” es un interesante recurso para que empresas o particulares consigan financiación para sus proyectos. Generalmente, se trata de investigaciones o de proyectos emprendedores en los que posteriormente se efectuará un pequeño reparto de beneficios. Hasta ahora, los promotores de estas iniciativas colgaban un anuncio en la red a través de una página web y detallaba las características de la empresa y los objetivos que se persiguen. Con el nuevo marco legal todo el proceso gana en complejidad y, lamentablemente, en burocracia. No en vano, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada de su control.

Las trabas administrativas comienzan en cualquier caso con la obligatoriedad de inscribirse o bien en la CNMV o bien en el Banco de España a cualquier empresa que quiera financiarse de este modo. En este sentido, la elección dependerá de si la inversión se realiza a modo de crédito o si se opta por adquirir acciones. Sea como sea, el proyecto no podrá recibir más de un millón de euros de este modo. Paralelamente, los inversores particulares no podrán contribuir con más de tres mil euros en un mismo proyecto (seis mil si se invierte en varios).

Por último, las plataformas surgidas para gestionar los proyectos de “crowdfunding” deberán poseer mayores reservas de capital riesgo. Según se ha filtrado, el Gobierno podría obligarlas a disponer de un seguro de responsabilidad civil de 150.000 euros. Una situación en definitiva que contrasta con la existente en la mayoría de países desarrollados, en donde incluso se conceden exenciones fiscales a los inversores particulares.

Vía: Emprendedores.es

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