El árbitro del contencioso entre Sacyr y Panamá aprecia negligencia por parte de los panameños

La Autoridad del Canal de Panamá deberá asumir el pago de la mitad de los polémicos sobrecostes al considerar los tribunales que ocultó información importante.

sacyr

Tras varios meses de aparente tregua, el contencioso entre el consorcio encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr Vallehermoso y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el árbitro internacional encargado de armonizar las posturas de ambas partes parece dar la razón a los constructores. A través de una resolución presentada el último día de 2014, el árbitro insta a la ACP a asumir parte de los sobrecostes que originaron el rifirrafe judicial y la indignación de los panameños.

Hace ahora un año que comenzaron las acusaciones recíprocas sobre el origen del encarecimiento del presupuesto inicial. En un primer momento, los datos parecían corroborar la versión de la Autoridad, ya que el consorcio constructor había superado con creces las cantidades acordadas. Sin embargo, poco a poco fuimos sabiendo que Panamá había manipulado u ocultado informaciones sobre la situación del terreno en cuestión, lo que motivó que Sacyr tuviera que destinar más recursos a los mismos trabajos. El fallo corrobora esta última impresión y deja en una posición complicada a la ACP.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que engloba a todas las empresas participantes en la construcción, ha celebrado la resolución del arbitraje, el Dispute Adjudication Board (DAB), por cuanto considera que las acusaciones vertidas sobre la honradez de las compañías habían causado un grave daño a su imagen. Por si esto fuera poco, el DAB también establece que la ACP no tiene razón al acusar al GUPC de incurrir en retrasos en el proyecto, volviendo a esgrimir ‘negligencias’ y ‘ocultaciones’ por parte de los panameños.

El importe de las reclamaciones por sobrecostes ascendía a la friolera de 463 millones de dólares, cantidad que ahora deberá abonar, al menos en parte (concretamente, la mitad, 233 millones), la ACP. Con todo, las causas abiertas todavía deben decidir la suerte de los 2.300 millones de euros cuyo pago se exigen recíprocamente ambas partes. Cabe destacar que las obras siguen su curso independientemente de los acalorados debates en los tribunales y que deberían finalizar en 2016.

Vía: Expansión.

Valora esta noticia: 1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (0 votos, media: 0,00 de 5)
Loading ... Loading ...