Colombia interviene por sorpresa una filial de Gas Natural Fenosa

Electricaribe pasa a manos del Estado colombiano tras fracasar las negociaciones en torno al agujero de 1.259 millones originado por los impagos.

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En medio de las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo de paz con los terroristas de las FARC, el Gobierno de Colombia ha encontrado tiempo suficiente como para dejarnos un titular bastante frecuente en otros lares pero un tanto inédito en Bogotá. Electricaribe, empresa filial de la española Gas Natural Fenosa, ha sido intervenida por el Ejecutivo de José Manuel Santos. La comparación con el asunto de las FARC no es baladí porque, en esta ocasión, el Gobierno ha negociado con bastante dureza con la compañía intervenida.

Las tensas relaciones entre Electricaribe y el Gobierno colombiano no son ninguna novedad de los últimos días. La compañía eléctrica venía denunciado un creciente número de impagos en el país latinoamericano que, de acuerdo con la información ofrecida por la misma, ascienden a la nada desdeñable cifra de 1.259 millones de euros. Gas Natural Fenosa había mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo ante las dificultades financieras que empezaba a experimentar su filial fruto de estos impagos. Las generosas provisiones ‘solo’ han permitido cubrir el 83% de la deuda.

Como es comprensible, el Gobierno de Santos ha tratado de encontrar una solución que permitiera mantener el suministro eléctrico a numerosas familias colombianas que habían dejado de pagar la factura de la luz por distintos motivos. Gas Natural Fenosa esperaba que el Ejecutivo se hiciera cargo de una parte de la deuda contraída y por ello el propio presidente del grupo, Isidro Fainé, se había desplazado recientemente a Bogotá. Finalmente, el Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios colombiana ha procedido a «tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe», tal y como reza el comunicado oficial.

El desenlace de este episodio está lejos de conocerse. Muy posiblemente, las buenas relaciones entre los gobiernos español y colombiano contribuyan a serenar los ánimos y a evitar un esperpento como el sucedido en 2012 cuando Argentina expropió YPF a Repsol. En cualquier caso, la situación de emergencia social en la que se ha escudado el Ejecutivo colombiano despierta dudas en torno a la seguridad jurídica en el país.

Vía: Libre Mercado.

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