Verdades y mentiras de la ‘histórica’ oferta pública de empleo que se avecina

Hasta 250.000 empleos públicos temporales se convertirán en fijos de aquí a 2019 para cumplir con la Justicia europea. La tasa de interinidad caerá al 8%.

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Las negociaciones con vistas a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) han tocado prácticamente todas las partidas de gasto existentes. Quizá uno de los aspectos que se ha llevado más titulares ha sido el empleo público y, más concretamente, la conversión de funcionarios interinos en fijos. Esto es una exigencia de Bruselas y para responder a ella se avecina una oferta pública de empleo considerada ‘histórica’. La propuesta ya ha sido consensuada con los sindicatos y parece que va a responder a las expectativas. Sin embargo, hay ciertos elementos publicados que conviene matizar.

¿Cuál es el propósito fundamental de la convocatoria?

Sin ningún género de dudas, la convocatoria dará cumplimiento a la sentencia de la Justicia comunitaria en virtud de la cual los funcionarios interinos deben convertirse en fijos. El mecanismo escogido no sería el único posible pero sí que parece el más efectivo, reduciendo la actual tasa de interinidad del 20% hasta el 8% según el Gobierno. El calendario que se contempla va desde 2017 hasta 2019 y pondrá sobre la mesa hasta 250.000 plazas, cifra que hace que esta oferta pública de empleo sea, efectivamente, inédita.

¿Cómo se repartirán las plazas?

Este es el aspecto que queda por desarrollar y que, probablemente, todavía tardaremos en conocer. Los ámbitos afectados son, muy mayoritariamente, Justicia, Sanidad y Educación, en especial los dos últimos. Como las competencias en materia de Sanidad y Educación están transferidas a las comunidades autónomas, serán estas las que efectúen el reparto correspondiente. También serán los gobiernos autonómicos los que fijen el calendario pertinente para la realización de las pruebas selectivas (las oposiciones, vaya). Ni siquiera está garantizado que el criterio que se siga sea unánime. De hecho, sucederá exactamente lo contrario.

Por citar algunos ejemplos prácticos en el campo de la Educación, las oposiciones de 2015 mostraron una vez más las diferencias entre comunidades. En la Comunidad Valenciana, dos tercios de la calificación final correspondieron a los resultados del proceso selectivo, mientras que solo un tercio se explicó por los méritos de los candidatos. En Castilla y León, en cambio, la nota del examen apenas suponía el 25% de la valoración total. En el primer caso se daban mayores facilidades a los aspirantes no interinos y en el segundo se beneficiaba a este último colectivo. Tampoco el número de plazas fue idéntico.

¿Aumentará el empleo público?

No necesariamente. Lo que va a acontecer es un cambio en la consideración jurídica de trabajadores que ya están en nómina de las diferentes Administraciones. Así, estos pasarán de ser temporales a definitivos, lo que no significa que el número total de profesionales será superior cuando finalice el proceso previsto. A decir verdad, las plantillas actuales podrían incluso reducirse si el número de jubilaciones fuera superior al de plazas ofrecidas en concurso. Por consiguiente, no es una medida que suponga inevitablemente un mayor gasto público.

¿Solo afecta a los interinos?

No, cualquier persona con las titulaciones exigidas para la ocupación de la plaza de trabajo convocada puede optar a ella. Aquí existe una gran controversia en torno a si la Administración premiará o no a los funcionarios interinos sobre el resto de aspirantes. La mayoría de sindicatos están presionando en este sentido y las filtraciones que se han efectuado en distintas consejerías regionales apuntan en esa dirección. Ello implicaría aumentar el peso de los méritos (donde se incluye la experiencia acumulada) en la puntuación total.

La legislación vigente no permite excluir a ningún ciudadano que cumpla los requisitos para el empleo en liza. La fórmula de ‘acceso diferenciado’, en virtud de la cual interinos y aspirantes tendrían un número de plazas concreto para cada grupo, no podrá aplicarse sin un cambio normativo (y esto no está previsto). Conviene precisar que el empleo temporal seguirá existiendo para cubrir bajas y jubilaciones, por lo que la figura del interino no desaparecerá. Eso sí, al existir un menor número de vacantes disponibles para este colectivo, quizá los aspirantes que no sean ya interinos vean complicarse su acceso a la función pública (será más difícil sumar experiencia para nuevas oposiciones).

Horizonte 2019

Tal y como hemos comentado con anterioridad, cada comunidad autónoma decidirá cuándo convoca oposiciones. Los calendarios serán diferentes en función del ámbito (Justicia, Sanidad y Educación) y las autonomías tienen la última palabra, al igual que también establecerán el número de plazas.

Vía: RTVE.

Foto: © macrovector

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