Los opositores, víctimas colaterales de los desacuerdos políticos

Los procedimientos de ingreso en las Administraciones Públicas se convierten en un nuevo caballo de batalla para forzar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

facade of the Congress of deputies of Spain

Cuando la actual legislatura echó a andar el pasado mes de octubre, justo en el límite legal para evitar la convocatoria de nuevas elecciones (las terceras en un año), la mayoría de analistas coincidió en que la acción de gobernar iba a verse fuertemente atenazada. La aritmética parlamentaria es casi diabólica, sin grandes bloques de partidos que compartan muchos intereses comunes. Así, cada medida que el Gobierno trata de impulsar se ve inmediatamente paralizada en el Congreso. Las oposiciones públicas podrían sufrir las consecuencias.

Dentro del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ejecutivo de Mariano Rajoy alude sistemáticamente a los riesgos de que las cámaras no aprueben sus cuentas. Aunque esto es una medida de presión en sí misma, no se le puede negar al presidente que le asiste cierta parte de razón. Al fin y al cabo, difícilmente puede hablarse de un Gobierno cuando este no cuenta con posibilidades de sacar adelante sus propuestas. De este modo, la no aprobación de los PGE podría limitar o suspender los procesos de ingreso en la Administración Pública.

Este procedimiento, conocido popularmente como oposición, es especialmente complejo y dilatado en según qué ámbitos. Por ejemplo, los profesionales de la enseñanza han de superar diferentes pruebas con temarios que, en materias como Geografía e Historia, alcanzan la friolera de 72 temas. La simple posibilidad de que uno de estos procesos se suspenda (su convocatoria es de competencia autonómica) quita el sueño a las decenas de miles de opositores que se están preparando para concurrir a los exámenes.

El caso de la educación es paradigmático pero no único, dado que también en los ámbitos sanitarios y judiciales podrían suspenderse las oposiciones si se prorrogan las cuentas de 2016. Por ahora, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y algunas comunidades más ya han anunciado que no convocarán oposiciones en la mayoría de cuerpos de enseñanza. Otras, como Andalucía o Aragón, sostienen que sí que desean convocarlas pero que no se les permite. Nuevamente, los ciudadanos podrían pagar los desacuerdos políticos.

Vía: Levante.

Foto: © kapy

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