Las oscuras aguas del Canal de Isabel II

El expresidente de la Comunidad de Madrid, principal investigado en una nueva trama de corrupción que pudo mover hasta 60 millones de euros.

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Cuando aproximamos nuestra lupa al caso de las tarjetas ‘Black‘ de Caja Madrid, afirmamos que nos encontrábamos frente al juicio a toda una época. Quizá esta expresión resultara un tanto exagerada ante las numerosas causas abiertas por presunta corrupción a lo largo y ancho de la geografía española pero pocas son tan elocuentes. En las últimas semanas, el mosaico judicial sumaba una nueva pieza con el inicio de la Operación Lezo, una compleja trama que tendría en el Canal de Isabel II de Madrid su principal epicentro. Las ramificaciones e implicaciones pueden ser importantes y, seguidamente, las analizamos:

Los hechos

De acuerdo con la información publicada hasta la fecha, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si existe o existía una trama de corrupción vinculada a la gestión del Canal de Isabel II. Esta institución, responsable de la gestión de las aguas en la Comunidad de Madrid, habría permitido a una serie de personas enriquecerse ilícitamente mediante comisiones. En concreto, se habla de la desviación de 23,3 millones de euros de las arcas públicas al margen de otras posibles ganancias igualmente ilícitas. Algunas fuentes cifran en hasta 60 millones de euros la cantidad sustraída.

Los protagonistas

Esta es la parte que se ha llevado más titulares por la identidad de los investigados. El hombre clave del tablero es el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ya ha sido incluso detenido y para el que se ha decretado prisión provisional incondicional. Presuntamente, el sucesor de Esperanza Aguirre en el gobierno regional se habría lucrado con el cobro de comisiones por distintas operaciones del Canal de Isabel II. La mayor parte de estas se habrían producido en Latinoamérica, a través de filiales de la empresa pública.

Otros ilustres implicados serían el consejero del diario La Razón, Edmundo Rodríguez, y varios ex altos cargos del Canal, todos ellos vinculados al anterior ejecutivo autonómico. También destaca la investigación abierta al consejero de OHL, Javier López Madrid, al que muchos veían como el futuro presidente de la constructora. En un plano inferior, los principales responsables de La Razón, su presidente, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda, han sido llamados a declarar. Dado que estamos en una fase inicial de la instrucción, el número de investigados podrían aumentar en las próximas fechas.

¿Por qué Operación Lezo?

El nombre utilizado para definir el caso hace referencia al almirante Blas de Lezo, que en 1741 defendió la plaza española de Cartagena de Indias (Colombia) del asedio británico, dejándose la vida para conseguirlo. El motivo del uso de su apellido se debe a que Ignacio González fue visto en 2008 en esa ciudad entregando unas sospechosas bolsas. Ahora se sospecha que se trataba de un pago en metálico en el marco de la trama investigada.

¿Cuál será el recorrido de la investigación?

Todavía es pronto para decirlo pero junto con la revelación de las cantidades ilícitamente percibidas por los acusados hay otras dudas que deberán ser despejadas. Por ejemplo, los datos que ya conocemos plantean importantes sospechas sobre si el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se financió irregularmente por medio de esta trama. El rastro de los movimientos de capitales en el extranjero será lo que finalmente pruebe si una parte de las comisiones que se llevaban los investigados acababa en las arcas del PP.

También habrá que aclarar el papel que OHL ha jugado en todo este turbio asunto. La firma de Villar-Mir ya ha sido acusada en otras ocasiones de financiar al PP al margen de la normativa referente a las donaciones a formaciones políticas. Junto con esta compañía, Indra, Licuas y PwC entre otras enseñas también han sido o están siendo investigadas. Paralelamente, se auditarán las licitaciones de obras y las contrataciones públicas en general que se aprobaron en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Ignacio González (2012-2015).

Las consecuencias políticas

Como siempre en estos casos, el PP podría sufrir un castigo en su imagen como consecuencia de la corrupción. No obstante, dado que todos los implicados por el momento pertenecen al entorno de la expresidenta Esperanza Aguirre, quizá sea ella y no el partido en su conjunto la que se vea más perjudicada. Ya hay quien asegura que ha sido la actual presidenta, Cristina Cifuentes, la que ha alentado las investigaciones.

Vía: El Confidencial.

Foto: © vladvitek

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