La reforma de la estiba, un problema aplazado

El Congreso rechaza el proyecto de ley con el que el Gobierno pretendía cumplir la sentencia de la Justicia europea. España seguirá siendo sancionada.

Tugboat and crane in harbor quayside on Odessa, Ukraine

La pasada semana, el Congreso de los Diputados nos recordó una realidad con la que llevamos conviviendo desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la fuerte fragmentación política. Sin llegar al extremo de países como Holanda, España está viendo cómo su Gobierno se enfrenta a la posibilidad real de ver tumbadas todas sus iniciativas en el parlamento. La última en correr dicha suerte ha sido el proyecto de ley para la reforma de la estiba, un paso exigido desde Bruselas para liberalizar el sector.

El resultado de la votación fue, en cierto modo, peculiar. El PP secundó la propuesta del Ejecutivo mientras que Unidos Podemos y sus filiales regionales se opusieron, todo dentro de la normalidad. A partir de ahí, los movimientos de C’s y PSOE causaron sorpresa, especialmente en el primer caso. El partido de Albert Rivera se negó a dar cumplimiento a la exigencia del Tribunal de Justicia de la UE alegando que el Gobierno no había dialogado lo suficiente con el sector. El PSOE se subió a la marea y votó ‘No’.

El gran aliado del Gobierno fue, en esta ocasión, un PNV agradecido por el apoyo ‘popular’ a los presupuestos de Íñigo Urkullu. Por supuesto, los cinco voluntariosos votos de los nacionalistas vascos no fueron suficientes para decantar la balanza a favor del proyecto de ley. La situación en la que queda nuestro país es la siguiente: Bruselas sigue reclamando el cumplimiento de la sentencia, como no puede ser de otro modo, y España será sancionada en consecuencia. Entretanto, los estibadores han concluido sus huelgas, tanto las oficiales como las encubiertas.

Desde luego, nadie puede pensar ni por un instante que el problema de la estiba ha sido superado. Las multas a España continuará (134.000 euros diarios) y con ellas la presión para que el Congreso lleve a cabo la liberalización del sector. El oscuro proceso de selección de personal, la gestión monopolística del servicio y las altísimas remuneraciones son una realidad muy costosa para todos pese a que parte del parlamento se niegue a reconocerla.

Vía: Cinco Días.

Foto: © unkas

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