La Comunidad Valenciana, acusada de manipular el déficit

Bruselas investiga si la Comunidad Valenciana ocultó en 2011 y en años anteriores los verdaderos datos referentes a su déficit y su deuda pública.

bauza

Hace mucho tiempo que la mayoría de titulares referentes a la Comunidad Valenciana no dan precisamente buenas noticias sobre esta región española. Las dificultades económicas actuales y los errores de gestión arrastrados desde los años previos a la Gran Recesión han provocado que esta autonomía incumpla sistemáticamente los objetivos de déficit. No obstante, incluso estas cifras tan poco halagüeñas podrían haber sido manipuladas para ocultar el verdadero agujero de las cuentas valencianas. Así al menos lo estima la Comisión Europea, que ha abierto una investigación.

A pesar de la portavoz de la institución, Emer Traynor, ha descartado que cualquier negligencia acaecida en la Comunidad Valenciana afecte a las estadísticas del conjunto de España, resulta inevitable pensar si otras autonomías han cometido las mismas faltas y en qué medida. En el caso concreto de la región valenciana, las dudas se ciernen sobre sus declaraciones de gastos, especialmente las partidas destinadas a la sanidad. En este sentido, las sospechas se centran sobre una posible ocultación de facturas para mejorar el balance general de esta administración.

Los hechos, que ocurrieron durante los compases finales de la presidencia de Francisco Camps (antes por tanto de la investidura del actual presidente Alberto Fabra), ya habrían sido observados en su momento por el propio Ministerio de Hacienda. Las autoridades españolas informaron de ello a la agencia Eurostat para que revisara las cifras definitivas. Por ello, desde el Ejecutivo español se entiende que la apertura de una investigación sobre un suceso ya reconocido solo sirve para poner en la diana a la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, se trata de la primera ocasión en que Bruselas fiscaliza las cuentas de una región europea (habitualmente solo analiza en detalle los registros nacionales). La Comunidad Valenciana se presenta así como un aviso para navegantes, ya que sin duda otras administraciones regionales han incurrido en prácticas similares. Por desgracia para la Generalitat, muy probablemente la CE querrá dar ejemplo castigando con severidad la mala praxis del anterior ejecutivo presidido por Camps. Paralelamente, España afronta una sanción de hasta 2.000 millones de euros.

Vía: ABC

Foto: ppcv

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