El TC confirma la anulación del Impuesto de Plusvalías en toda España

El TC ratifica el alcance nacional de la nulidad de lo recaudado por este tributo en aquellas operaciones inmobiliarias en las que no hubo plusvalías.

plusvalia

El pasado mes de marzo, en Empresayeconomia.es analizamos en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que suponía la derogación del Impuesto de Plusvalías en las diputaciones forales de Guipúzcoa y Álava. Como ya anticipamos en aquella ocasión, el fallo implicaría, a no mucho tardar, la derogación del tributo municipal en toda España. El pasado 17 de mayo, el TC confirmó esta apreciación, abriendo la puerta a miles de demandas para recuperar lo cobrado indebidamente por los consistorios. Esto es lo que dice el Constitucional.

Y es que, aunque el gravamen se fijó a nivel nacional, los ayuntamientos son los responsables de su cobro. Como su propia denominación indica, el impuesto solo debería haberse aplicado en aquellas operaciones inmobiliarias que, efectivamente, hubieran arrojado plusvalías. Sin embargo, cuando se produjo el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria y se hundieron los precios, los ayuntamientos siguieron cobrando el tributo en la mayoría de ventas, a pesar de que los propietarios hubieran perdido dinero. Tras las denuncias acumuladas, el TC ha optado por reclamar la eliminación del impuesto y la devolución de cerca de 8.300 millones de euros.

Eso sí, para poder recuperar lo abonado en virtud de ese tributo, cada usuario afectado tiene que iniciar los trámites para obtener la devolución, un mecanismo que recuerda, por ejemplo al de las ‘cláusulas suelo’ o la salida a bolsa de Bankia. Evidentemente, la nulidad del impuesto y, por ende, el reintegro de lo percibido por el ayuntamiento, solo se aplicará en aquellos casos en los que no hayan existido plusvalías. Según las estimaciones, el número de operaciones afectadas superarían ligeramente el medio millón.

La Comunidad de Madrid, con casi 80.000 casos, y la provincia de Barcelona, con más de 50.000, serían las más afectadas en este sentido. Cabe destacar que los consistorios perderán una importante fuente de ingresos que, como es lógico, estaba yendo a más a medida que se reactivaba el negocio inmobiliario. En 2014, recaudaron casi 2.300 millones de euros por este cauce, mientras que en 2015 se hicieron con cerca de 2.600 millones.

Vía: El Mundo.

Foto: © nasirkhan

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