El oscuro debate sobre las pensiones públicas en España

Unas declaraciones del gobernador del Banco de España sobre lo inviable del sistema público de pensiones desatan una oleada de críticas pero no obtienen respuestas prácticas.

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El sistema público español de pensiones es objeto sistemáticamente de continuas advertencias por lo que respecta a su viabilidad a largo plazo. A juicio de numerosos economistas como el profesor Juan Ramón Rallo, es imposible que el actual sistema de redistribución, en el que los trabajadores actuales se hacen cargo de las pensiones de los jubilados actuales, pueda mantenerse con la coyuntura demográfica española. Desde luego, postergar la reforma del sistema no beneficia a nadie y si esta no se lleva a cabo es porque nadie quiere emprender una tarea tan impopular.

Esa fue la visión que transmitió Luis María Linde en una intervención pública durante la semana pasada. El gobernador del Banco de España aseguró que la reducción de la cuantía de las pensiones públicas es algo inexorable con la actual formulación del sistema público, lanzando un aviso directo a los trabajadores de hoy. No se trata de nada nuevo y solo cabe entender el revuelo armado a cuenta de esas palabras por el hecho de que las afirmara el máximo responsable del BdeE. Es más, el propio protagonista de este asunto remarcó que si se negaba esta realidad se estaba engañando a los españoles.

Las reacciones de Pedro Sánchez (PSOE), Rosa Díez (UPyD), los líderes sindicales y el propio Gobierno de España arrojaron una sorprendente unanimidad. Todos los interpelados sobre el particular coincidieron en que Linde había causado una alarma social innecesaria e injustificada. Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se llegó a vender, incluso, que esas declaraciones probaban la independencia del BdeE porque nadie en el Gobierno las compartía. Dicho de otro modo, nadie en la escena política quiso plantear siquiera la posibilidad de que el sistema debe ser reformado y se recalcó que la mejor solución pasa por consolidar la recuperación económica.

Ciertamente, la mejora de la actividad en nuestro país puede permitir que el acusado desajuste entre el número de pensionistas y el de contribuyentes se reduzca sensiblemente. Lo que en ningún caso puede plantearse es que esta mejoría sea suficiente para corregir un problema que afecta a la propia formulación del sistema público de pensiones. La estructura piramidal del modelo español es bastante injusta por cuanto obliga a los trabajadores a hacerse cargo de las pensiones actuales, sin que ello les garantice que vayan a recibir prestaciones similares cuando se retiren al reducirse progresivamente el número relativo de contribuyentes.

A raíz de lo anterior, alguien podría señalar que si algo parecen estar haciendo los líderes políticos es preocuparse porque este sistema se mantenga y los trabajadores de hoy dispongan de pensiones mañana. No exactamente. Al acercarse tanto las cifras totales de contribuyentes y pensionistas, solo sería posible mantener los actuales niveles adquisitivos si se procede a elevar las cotizaciones sociales. En este caso, los trabajadores ya estarían perdiendo dinero, puesto que los pensionistas de 2015 no tuvieron que hacer frente a tales cotizaciones en el pasado.

Por consiguiente, los trabajadores deberían ser los primeros en desconfiar de las intenciones de los gobernantes, ya que si les aseguran pensiones elevadas en el futuro es porque perderán una parte más grande de la nómina en el presente. En resumen, se decida lo que se decida, los actuales trabajadores no van a percibir las mismas pensiones con las mismas condiciones que los pensionistas de ahora. Cuestión distinta es que esta realidad se edulcore de tal manera que se venda la imagen de que nada va a cambiar.

Frente a esta acuciante realidad, conviene echar un vistazo a los modelos de los países desarrollados para ver cómo afrontan ellos tan sensible asunto. De entrada, la mayoría opta por sistemas mixtos, en los que las pensiones públicas suelen completarse con planes privados o ahorros. Un caso paradigmático es el de Austria, en el que existe un sistema de capitalización en el que los trabajadores cotizan expresamente para su propia jubilación, compensando el Estado aquellas pensiones que no alcancen una cuantía mínima.

En definitiva, las experiencias de otros países ponen de manifiesto que no es necesario acabar con el sistema público de pensiones para lograr rentas más elevadas en la jubilación. Lo que no es admisible es pretender que no pasa nada y esperar a que el sistema colapse por sí mismo para comenzar a reformarlo. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que llegue un momento en el que una generación de contribuyentes diga basta. Veremos quién es el que exagera entonces.

Vía: El Mundo.

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