El ahorro a largo plazo peligra en España

Tras reducir la cuantía deducible de las aportaciones a planes de pensiones, el Ejecutivo aprueba un nuevo impuesto que grava los depósitos bancarios.

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Entre 2009 y 2010, el Ministerio de Economía dirigido entonces por Elena Salgado adoptó como caballo de batalla frente a la crisis el eslogan de que hay que consumir para reactivar la economía nacional. Aunque esta máxima no es falsa, reducir el ahorro en un momento de incertidumbre económica no solo es peligroso para los consumidores, sino para el conjunto del país a medio plazo. Cuatro años después, el Gobierno de Mariano Rajoy parece haber dado la estocada definitiva al ahorro en las últimas semanas.

La reforma fiscal nos adelantaba que las condiciones para asegurarse una jubilación digna a través de los planes de pensiones empeoraban de manera muy evidente. Por un lado, el Ejecutivo rehusaba mejorar el atractivo de estos productos aun a sabiendas de que en un plazo de veinte o veinticinco años serán absolutamente imprescindibles para complementar las pensiones públicas. Segundo, la reducción de las aportaciones a estos fondos que pueden deducirse en la Declaración de la Renta (de 10.000 a 5.000 euros) resta alicientes a los ahorradores.

La otra medida que compromete el ahorro es el gravamen del 0,03% a los depósitos bancarios. Hasta ahora, este tributo era aplicado por algunas comunidades autónomas aunque el año pasado se debatió seriamente su imposición a nivel nacional y se decidió aplicar un tipo del 0%. Desde el 1 de enero de 2014, todos los depósitos bancarios españoles deberán abonar este impuesto, lo que no puede sino interpretarse como un nuevo varapalo a estos productos. Recordemos que a comienzos de 2013 el Banco de España ya endureció notablemente las condiciones.

Lógicamente, las entidades bancarias serán las encargadas de abonar el nuevo tributo, pero a nadie se le escapa que serán los usuarios quienes acaben financiándolo siquiera indirectamente. Nuevamente, parece que el Gobierno desea que los españoles no tengan la tentación de ahorrar demasiado, empujándolos sibilinamente a apostar por productos de inversión o directamente a gastar mayores rentas en bienes y servicios. Sea como sea, el Estado prevé recaudar unos 340 millones de euros al año con este polémico impuesto.

Vía: El Mundo

Foto: alf.melin

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