Cataluña pide un rescate de 5.023 millones al Estado

La Generalitat de Cataluña se acoge formalmente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y pedirá la cifra de 5.023 millones de euros, el 28% de los 18.000 millones con los que lo va a dotar el Gobierno y adelantarse al resto de Comunidades Autónomas.

La Generalitat de Cataluña se acoge formalmente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Gobierno central preparó para ofrecer ayuda financiera a las autonomías con serios problemas a partir de septiembre. La comunidad solicita la ayuda por su deuda de 42.000 millones de euros, una preocupante inestabilidad de la tesorería y por los vencimientos de deuda de los próximos meses. Se trata de la tercera comunidad que se incorpora formalmente después de Valencia y Murcia.

El Gobierno catalán, gobernado por CiU en la actualidad, pedirá la cifra de 5.023 millones de euros. Se trata del 28% de los 18.000 millones con los que lo va a dotar el Gobierno y adelantarse al resto de CCAA. Un total que se destina a evitar el impago a proveedores y empleados públicos, para cumplir el déficit al que están obligadas todas las comunidades (el 1,5% de su PIB a finales de 2012) y para tapar huecos pendientes de deuda hasta el final del último trimestre. Entre esos huecos están los llamados ‘bonos patrióticos‘, que ascienden a la cifra de los 5.700 millones.

Ya era algo anunciado y es que el Ejecutivo catalán tiene problemas para llegar a fin de mes. De hecho, tuvo que posponer el pago de junio a los convenios que tiene con entidades que trabajan en residencias para la tercera edad, centros de discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes, a los cuales les debe ya 70 millones. Asimismo, aún no se ha mencionado una fecha concreta para efectuar el pago. Una cifra que se suma a los 340 millones que deben a los hospitales por los pagos de julio y otros 10 a escuelas concertadas.

El Fondo de Liquidez Autonómico aún no es operativo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha podido cerrarlo al cien por ciento pero cree que la fecha tope está por mediados de octubre. Quizás demasiado tarde para que no se puedan evitar tensiones de caja emergentes de la Generalitat de Cataluña.

Fuente / La Razón

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