¿Qué pasará con Garoña?

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que podría suponer la reapertura de la nuclear de Garoña. Si quiere abrir, deberá realizar importantes reformas estructurales de seguridad.

Hace unas semanas os contamos que el Gobierno quería reabrir la central nuclear de Garoña, en Burgos, y que estaba buscando el mecanismo para hacerlo conforme a la legalidad. Pues bien, el Ejecutivo ya ha encontrado la solución para la planta. El viernes 21, el Consejo de Ministros aprobó el «Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nueclear Gastado y de los Residuos Radiactivos», que en la práctica permite a Nuclenor pedir la renovación de la licencia antes del 6 de julio.

Así lo aseguraba Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa que la vicepresidenta del Gobierno da tras el Consejo de Ministros; y Europa recibía toda la información sobre el Real Decreto. Una de sus disposiciones transitorias establece que las centrales que ya cuentan con una declaración de cese definitivo de la explotación por temas de seguridad nuclear o protección ecológica (como Garoña) pueden pedir la renovación de la licencia si ha pasado menos de un año de la declaración de cese, que en Garoña se cumple el 6 de julio.

Actualmente, para renovar una autorización de explotación nuclear se necesita un informe que emite el Consejo de Seguridad Nuclear, que un mes antes de que caduque el permiso debe remitirse al Ministerio de Industria y Energía. El Real Decreto aprobado por el Gobierno elimina esta condición para Garoña. Pero el futuro de la nuclear burgalesa sigue en el aire.

Lo primero será conocer la resolución del expediente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto a Nuclenor por el cierre de Garoña y que podría resolverse con una multa de hasta 30 millones de euros. El expediente quiere aclarar si la empresa, participada por Iberdrola y Endesa, informó en tiempo y forma a las autoridades correspondientes del cierre de la planta y si aportó toda la documentación necesaria.

El otro frente podría ser Europa, ya que la Comisión no ha recibido los planes de inversión necesarios para que Garoña se adapte a los requisitos de seguridad establecidos tras el desastre de Fukushima que la central burgalesa no cumple. Aunque la Comisión Europea esté informada de los cambios introducidos por el Gobierno español, el tratado Euratom establece que España debe informar de sus planes para reabrir la central.

Si Garoña quiere abrir, deberá realizar reformas estructurales para solucionar todos sus fallos de seguridad, que supondrán una inversión millonaria. Diseñada para funcionar 25 años y con 41 en actividad, Garoña fue la central más antigua de España, y su reapertura cuenta con el rechazo de amplios sectores sociales, ecologistas y políticos.

Fuentes: ABC, Deia

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