La nueva Ley de Costas no tiene en cuenta el cambio climático

La modificación de la Ley de Costas ya está en el Senado, donde se debaten unas enmiendas que según Greenpeace no tienen en cuenta la prevención del cambio climático.

Vivir en una casa en primera línea de playa tiene sus ventajas, aunque las inclemencias meteorológicas puedan llegar a jugarnos auténticas malas pasadas. La nueva Ley de Costas, que el Congreso aprobó el pasado mes de febrero solo con el apoyo del PP ha servido para amnistiar a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 vivendas del litoral español, pero las organizaciones ecologistas denuncian que una vez llagada la Ley al Senado no se tienen en cuenta los aspectos relacionados con el cambio climático.

En líneas generales, las enmiendas que el propio PP quiere introducir en la Ley de Costas dejan para el último momento la prevención, y proponen adaptar la costa a los efectos del cambio climático «cuando proceda». Greenpeace ha acusado a los populares de «falta de rigor», ya que «no se contempla que sean susceptibles de sufrir cambios climático ni los 10 núcleos amnistiados, la isla de Formentera, las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley».

Para la organización ecologista, el PP solo entiende los efectos producidos por el cambio climático como una «regresión costera», y destacan que no tienen en cuenta la inundabilidad de las zonas afectadas. Las medidas, añaden, se reservan para cuando suba el nivel del mar y ocurran catástrofes como que el agua llegue a las viviendas, lo que «choca con el más elemental principio de precaución». Ahora que el Senado debate las enmiendas, el PP propone añadir dos nuevos núcleos urbanos a los amnistiados por esta ley, Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra), a los que CiU quiere añadir la barcelonesa Sitges.

Otro de los aspectos sobre los que insiste Greenpeace es que el proyecto de Ley no tiene, por ahora, una memoria donde se analice rigurosamente el coste económico de medidas como la construcción de espigones o rellenos para hacer frente a los efectos del cambio climático en las poblaciones del litoral. La organización insiste que «los tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre. No como propone el texto, que es solventar el problema construyendo un simple espigón que frene la subida del nivel de mar».

Pilar Marcos, responsable del a campaña de Costas de Greenpeace, asegura que la nueva Ley de Costas «solo maquilla el problema de nuestro litoral para seguir facilitando la destrucción ambiental y tomar decisiones sin responsabilizarse de las consecuencias», y acusa la «desmedida frivolidad» de las enmiendas propuestas por el Gobierno, que a su juicio suponen «carta blanca para legalizar los desmanes urbanísticos de la burbuja inmobiliaria sin que nadie pague las consecuencias».

Fuente: El País

Foto: David Hernández baltha

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