La justicia llega tarde para la naturaleza

La lentitud de la justicia hace que muchas sentencias se emitan cuando ya es tarde para evitar los daños provocados a la naturaleza. A ello hay que añadir la legislación a posteriori.

Hace unos días os contábamos que el Tribunal Supremos había declarado ilegal la Isla de Valdecañas, un macroproyecto urbanístico que Extremadura quería construir en el Embalse de Valdecañas, que está protegido por la Red Natura 2000. En su sentencia, el alto tribunal indica que los terrenos deben reponerse de acuerdo con la situación previa al inicio del proyecto. El problema es que durante los ocho años que ha durado el proceso ningún juez paralizó el proyecto pese a las sentencias en su contra.

Los ecologistas criticaban que si se hubiesen ejecutado provisionalmente las sentencias previas a la del Supremo el daño hubiese sido mucho menor. Pese a la resolución del Supremo, que Valdecañas vuelva a su estado original se antoja algo más que utópico. Pero este no es el último caso en que la justicia llega tarde a la hora de proteger la naturaleza, lo que nos lleva a preguntarnos si los jueces y tribunales españoles actúan bien a la hora de tratar temas que afectan al urbanismo y al medio ambiente.

Uno de los grandes problemas españoles es la lentitud de la justicia, de la que no escapan los temas medioambientales. Desde que se presentan los proyectos hasta la última sentencia pueden pasar años, en los que impera la política de hechos consumados que arrasa con el patrimonio natural. En ocasiones, el afán de las administraciones por sacar adelante sus proyectos les lleva a pagar con fondos públicos estudios de impacto ambiental para proyectos que llevan años en funcionamiento.

El caso más ilustrativo de este fenómeno lo encontramos en la Comunidad de Madrid. Hablamos de la M-501, una carretera que un decreto firmado por Esperanza Aguirre convirtió en autovía. En 2008 se declaró ilegal, algo que el Supremo tardó tres años en confirmar. También en 2011 la Tribunal de Justicia Europeo condenaba a España por esa carretera, lo que no ha supuesto ningún impedimento para que los coches circulen por ella desde hace más de cinco años.

La carretera se inauguró poco después de que se declarase su ilegalidad en una sentencia que exigía «la restauración» de la zona a su estado anterior. Pero la Comunidad recurrió al Supremo, y si los denunciantes querían que se ejecutase la sentencia debían abonar 497.267 euros de fianza, una cantidad que jamás aportaron. A todo esto, en enero de 2013 Madrid empezó a evaluar el impacto ambiental de los 18 kilómetros que atraviesan un parque regional y una zona de especial protección para las aves, y el estudio aún no ha acabado.

En el Puerto de Santa María (Cádiz) encontramos un complejo que parece un pueblo fantasma, según los ecologistas. Las promotoras Jale Construcciones y Las Beatillas aprovecharon una licencia para ampliar un cortijo para levantar un complejo con su palacio de congresos, restaurante, cinco pistas de pádel con sus vestuarios, una carpa de 700 metros cuadradas y una urbanización.

La Junta de Andalucía ordenó su demolición en 2003, dos años después de que el consistorio concediera el permiso de obras; pero hasta 2011 el Supremo no dio su visto bueno. Casi una década en la que la Junta de Andalucía convocó en 2005 un concurso para demoler el proyecto que acabó desierto. Peor suerte ha corrido una urbanización construida en el monte La Picota, en Cantabria, que se demolerá… con dinero público.

Como en los casos anteriores, la lentitud de la justicia ha perjudicado a la naturaleza y, de rebote, las arcas cántabras. En 2004 el ayuntamiento de Piélagos aprobó construir 395 viviendas en las laderas del monte, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres; y hasta 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no declaró la vulneración de la Ley del Suelo. Ya se habían construido 140 viviendas, pero el recurso al Supremo se alargó hasta finales de 2011.

Cuando se destruyan las casas, el alcalde popular de la localidad asegura que construirá en la parte baja de la montaña. Enrique Torre explica que la justicia anuló el plan anterior, pero que el suelo aún es urbanizable. Quizá en unos años volveremos a hablar del mismo tema. Como curiosidad, la Sareb es dueña de 124 viviendas que se demolerán.

Más enrevessado todavía es el caso Ciudad del Medio Ambiente de Soto de Garray, en Soria, que en 2007 convertía en urbanizable un terreno declarado Lugar de Interés Comunitario y protegido por la Red Natura 2000. En él se iban a construir 780 viviendas, hoteles, una zona industrial, edificios institucionales e instalaciones deportivas. Se trataba de una ley singular con la que el Gobierno de Castilla y León esperaba burlar el control judicial sobre su plan.

El Gobierno castellanoleonés, promotor del proyecto, tenía 100 millones de euros destinados a este proyecto, sobre el que solo el Constitucional podía opinar. Lo hizo en diciembre de 2013, anulando la ley por no ser „medida razonable ni proporcionada”, cuando ya se ha levantado gran parte del proyecto a costa de los ciudadanos. Otra curiosidad, su impulsora, la entonces vicepresidente de Castilla y León María Jesús Ruiz preside actualmente la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado.

La legislación a posteriori también se ha convertido en un gravísimo problema para el medio ambiente. Con los proyectos a medio construir o ya levantados, la lentitud de la justicia ha llevado a muchos gobiernos regionales a cambiar leyes para dar legalidad a sus complejos entre la primera sentencia negativa y la resolución definitiva del Supremo, que como hemos visto se puede alargar durante años.

El último caso es la ley escoba de Madrid, que parece hecha a medida para que Carmen Cafarga, socia de la mujer de Ignacio González, puede retomar sus actividades paralizadas por la justicia. Como siempre, el medio ambiente sale perdiendo.

Via: eliario.es

Fotos: guillenperez, M.Peinado

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