El Congreso aprueba la Ley de Responsabilidad Ambiental

El Congreso ha aprobado con los votos de PP y CiU la Ley de Responsabilidad Ambiental, que en la práctica supone el fin del llamado seguro verde.

La Ley de Responsabilidad Ambiental ya es una realidad. Los votos del Partido Popular y CiU han hecho que el Congreso la aprobase y la remitiese al Senado, aunque la mayoría absoluta de los populares hacía que no fuese necesario el apoyo de los nacionalistas catalanes. Con esta Ley de Responsabilidad Ambiental se certifica el fin del seguro verde, y su votación he dejado en evidencia una vez más la soledad del Gobierno en estos temas, ya que salvo CiU y PNV –se abstuvo- el resto de fuerzas votaron en contra.

Con esta ley, el Gobierno acaba con una de las medidas más ambiciosas en materia medioambiental que aprobó el Ejecutivo de Zapatero. En 2007 se desarrolló una ley que obligaba a las empresas potencialmente contaminadoras a contratar un aval o fianza –el seguro verde– para cubrir los daños que pudiese provocar un hipotético accidente responsabilidad suya. Así, además de asegurarse los fondos necesarios para actuar en caso de accidente se cumplía el principio no escrito de “quien contamina, paga”.

Desde entonces, más de 320.000 empresas o actividades tenían que contratar este seguro verde para poder iniciar esta actividad. Sin embargo, con la nueva legislación el 98% de ellas quedarán eximidas de la garantía financiera y solo 5.470 estarán obligadas a aportarla. Según el Gobierno, supondrá un ahorro de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas que difícilmente provocarán daños al medio ambiente. Como ejemplo ponen el caso de panaderías y estudios de música.

Una visión que no comparten desde la oposición. Toni Cantó, diputado de UPyD fue el que expresó su rechazo de forma más gráfica, y comparó la ley con “traspasar el cuidado del gallinero al zorro”. En su tramitación parlamentaria, el Gobierno solo aceptó una enmienda de CiU y dos más del PNV, de carácter técnico y competencial; además de dos planteadas por el Partido Popular. La primera habla de las desaladoras, y la segunda sobre las actuaciones que aparecen en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

En este sentido, la Ley de Responsabilidad Ambiental dice que, en el caso de las empresas que actúen en las aguas marinas, quedarán exentas del seguro verde las empresas que puedan causar unos daños cuyo coste de reparación sea inferior a los 300.000 euros. Desde el PSOE critican que cuando ocurra un accidente no pagarán los responsables sino los ciudadanos, como pasó con el Prestige; mientras que la Izquierda Plural denuncia que según el Gobierno el medio ambiente es un lastre para la economía.

Vía: EFEverde

Foto: Mataparda

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