Canarias vuelve a insistir con la consulta sobre las prospecciones

El Gobierno de Canarias prepara una consulta popular sobre las prospecciones de Repsol a principios de noviembre, que a diferencia del referéndum si tendría encaje legal.

La autorización del Gobierno central a Repsol para que ponga en marcha los sondeos en busca de petróleo frente a la costa canaria no ha hecho más que aumentar la brecha que separa a Madrid del gobierno canario. Desde el archipiélago han vuelto a poner sobre la mesa la realización de una consulta popular sobre las prospecciones, algo de lo que el Presidente canario Paulino Rivero ya propuso el pasado invierno, para que sean los canarios los que decidan sobre si se busca o no petróleo en su costa.

A diferencia de lo que propuso en febrero, el gobierno canario no convocará un referéndum sino una consulta popular. La diferencia está en que mientras que para celebrar un referéndum necesita el permiso del Gobierno -algo que Madrid ha insistido en que no pasará-, la consulta popular se enmarca en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias de 2010. Según el consejero de Presidencia y Justicia canario, Francisco Hernández Spínola, esto convierte a la consulta en «totalmente legal».

En los próximos días se iniciará la tramitación de los decretos para convocar la consulta. Se hará por procedimiento de urgencia, de forma que los plazos se reduzcan a la mitad y la fecha de la celebración se adelante un mes, Hernández Spínola asegura que la intención del gobierno canario es que los ciudadanos expresen su opinión antes de que Repsol ponga en marcha las exploraciones frente a Lanzarote y Fuerteventura. Así, lo más probable es que la consulta se celebre a principios de noviembre.

Tras la fecha, otro tema a tener en cuenta será la pregunta. En una consulta popular no se puede preguntar directamente a los ciudadanos su opinión sobre las prospecciones, ya que eso corresponde al referéndum. La pregunta debe girar sobre temas competencia de Canarias, como el turismo o el Medio Ambiente, indica el consejero canario. Cuando se decida la pregunta, el Gobierno de Canarias podrá aprobar el decreto que permita la consulta popular, como mínimo, 30 días naturales más tarde.

Pese a que aparentemente la consulta tendría encaje legal, el Gobierno central no ha tardado en salir en su contra. En esta ocasión el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria ha sido el encargado en decir que «no se celebrará ninguna consulta» en Canarias porque „es ilegal” y el Ejecutivo no lo permitirá. El ministro, único miembro canario del Gobierno, fue más allá e incluso aseguró que «en privado» el Presidente canario se muestra a favor de las prospecciones.

Vía: EFEverde

Foto: El coleccionista de instantes

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