Canarias votará sobre las prospecciones el 23 de noviembre

El 23 de noviembre está convocada la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura a las que se opone el Gobierno de Canarias.

¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?

Esta es la pregunta que se encontrarán los canarios cuando acudan a votar para expresar su opinión sobre las prospecciones petrolíferas que el Gobierno ha autorizado a Repsol frente al litoral canario. Lo ha anunciado el propio presidente de las Islas Canarias, Paulino Rivero, que también ha fijado el 23 de noviembre como fecha de la consulta, a la que el Gobierno central viene oponiéndose desde hace tiempo.

Precisamente Madrid es el culpable de que se haya llegado a esta situación, explica Rivero. El presidente insular denuncia la poca sensibilidad y la falta de respeto institucional por parte del Gobierno central, ya que “la lealtad ha sido absoluta”, pero a cambio los canarios “no hemos tenido las mínimas condiciones que deben producirse entre las administraciones”.

Con la consulta convocada y la pregunta definida, las comparaciones con el proceso soberanista catalán son inevitables. Sin embargo, Rivero traza una línea divisoria entre ambas consultas –la catalana está prevista para el 9 de noviembre, dos semanas antes-, y asegura que la pregunta que se formulará se enmarca en las competencias de la Ley de Participación Ciudadana que el Parlamento del archipiélago acaba de aprobar y se ajusta a las competencias del Estatuto de Canarias.

Aunque se aprobó en 2007, no ha sido hasta este verano cuando el Gobierno Canario ha empezado a desarrollar la Ley de Participación Ciudadana. Así, la convocatoria de la consulta ciudadana sobre los sondeos frente a Lanzarote y Fuerteventura cumple con los requisitos para poder llevarse a cabo. Preguntado sobre un posible recurso de Madrid a los tribunales que paralice la consulta como pasó en Catalunya, Rivero afirma que “cumple con la legalidad”, y advierte que ante una prohibición por motivos políticos recurrirán a la justicia.

Según el decreto que regula las consultas, los canarios podrán votar el día 23 de forma presencial o hacerlo antes de forma telemática. La opinión de cada uno de ellos será secreta, y se establecerán las herramientas necesarias que garanticen que cada persona –física o jurídica- solo pueda votar una vez.

Ahora falta por conocer la reacción del Gobierno central, aunque a finales de agosto José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo y único representante del archipiélago en el Ejecutivo ya advertía que cualquier consulta a los canarios sería “ilegal” y que no se celebrará.

Vía: El País

Foto: t k

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