Aluvión de recursos contra la sentencia del Prestige

Nunca Mais, los afectados de la costa atlántica francesa y el Estado han anunciado recursos contra la sentencia del Prestige. Además, Nunca Mais ha convocado manifestaciones de rechazo el 1 de diciembre.

La resolución del juicio por le hundimiento del Prestige, que se saldó con la absolución de los tres acusados de un delito medioambiental -capitán, jefe de máquinas y Director General de la Marina Mercante- y la simple condena a nueve meses de prisión al capitán, Apostolos Mangouras, por un simple delito de desobediencia -pena que no cumplirá- no ha dejado a nadie contento. Los afectados francesas, la plataforma ciudadana Nunca Mais o el propio Estado ya han anunciado la presentación de recursos contra la absolución.

Nunca Mais ha cambiado de postura y ha anunciado que recurrirá la sentencia, algo que en principio no iba a ocurrir ya que no confían en el Supremo. Sin embargo, el objetivo de la plataforma ciudadana, tras 11 años de lucha, es llegar a la justicia europea. Su portavoz, Xaquín Rubido, critica que la sentencia no tiene precedentes en todo el mundo, y critica un dictamen «claramente político» para «tapar las responsabilidades del Gobierno» (de Aznar) en la catástrofe.

Tras el recurso ante el Supremo, el Constitucional será el paso previo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el 1 de diciembre Nunca Mais ha convocado manifestaciones contra la sentencia en siete ciudades, coincidiendo con el aniversario de la manifestación que en 2002 recorrió Santiago exigiendo responsabilidades. El pasado viernes ya consiguió concentrar a numeras personas en varias ciudades para expresar su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Xusticia Galego.

Antes de que lo hiciera Nunca Mais, los afectados franceses ya habían anunciado recursos contra la decisión del juez. Los ayuntamientos de la costa atlántica francesa, hasta la que llegó la marea negra tras el hundimiento del petrolero, critican que el fallo de carta blanca a los delitos medioambientales, lo que podría dejar impunes casos parecidos en el futuro. Los municipios galos quieren que el Estado español compense a los afectados por los daños ocasionados por el chapapote.

La Abogacía del Estado ha sido la última en anunciar su recurso. Lo avanzó en el Congreso el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete -en 2002 era ministro de Pesca-, quien dijo que el objetivo era «atacar la absolución del capitán, considerando que los hechos calificados como desobediencia son un delito contra el medio ambiente, y subsidiariamente se imputará el hecho de que la sentencia no imponga responsabilidades civiles derivadas del delito de desobediencia».

Foto: manuelc2005

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