Adiós al seguro verde

314.000 de las empresas que tenían que contratar un seguro verde se verán eximidas de ello con la nueva ley que prepara el PP. Solo tendrán que contratarlos 5.470.

En el mundo del medio ambiente hay una norma no escrita que dice que «quien contamina, paga». Con esa premisa, el Gobierno de Zapatero desarrolló en 2007 una de sus leyes más ambiciosas, que obligaba a decenas de miles de empresas potencialmente contaminadoras a contratar un aval o una fianza, los conocidos como «seguros verdes» para pagar por cualquier accidente que pudieran provocar. Ahora, el Gobierno prepara una reforma de esa ley que exime al 98% de las empresas del pago del seguro verde.

Claro que la ley de 2007 todavía no ha entrado en vigor aunque hace 7 años que se aprobó. Su desarrollo retrasó su aplicación práctica progresivamente, y una vez desarrollada por completo diversas órdenes ministeriales retrasaban la entrada en vigor de los seguros verdes hasta el punto de no haber sido nunca exigibles, como denuncian desde la ONG medioambiental WWF. Ahora, Medio Ambienta eximirá al 98% de empresas que debían pagarlo, y solo tendrán que contratarlos 5.470 compañías.

Desde el departamento dirigido por Arias Cañete defienden la reforma con el argumento de que la exención es para las actividades «con escaso potencial de generar daños medioambientales» y con un índice de accidentalidad bajo. Entre las principales actividades que si deberán contratar los seguros verdes están las cementeras, las grandes químicas o las centrales de energía eléctrica.

Para el PSOE, la ley que prepara el Gobierno hará que la contratación de estos seguros pase a ser voluntaria, y no obligatorio. Los socialistas también critican que mientras con la ley de 2007 el Estado era el encargado de fijar la responsabilidad de cada empresa, ahora son ellas las que determinará la cuantía «a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma». También el Consejo de Estado se ha mostrado sorprendido por una exención que afectará a unas 314.000 empresas.

Tampoco los ecologistas están conformes con la nueva ley, que está en manos del Consejo de Ministros. WWF critica que el operador sea el que lo controle todo y que las pequeñas o medianas empresas también pueden provocar un accidente. Por su parte, Greenpeace va más allá y habla de una «amnistía encubierta» y critica que el principio de quien contamina paga «pasa a ser voluntario». Además, aseguran que habrá que ir a los tribunales para que paguen las empresas, por lo que los ecologistas serán los que tendrán que rascarse el bolsillo.

Via: El País

Foto: Populares de Cantabria

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