Todo a punto para la reforma de las administraciones locales

Todo a punto para la ley de reformas municipales, que será un ante y un después en los ayuntamientos españoles

Ayuntamiento

Los ayuntamientos españoles, preparados para las reformas

El gobierno sigue metido de lleno en medidas de ahorro y cada vez que oímos hablar de reformas es imposible no comenzar a temblar.

Como inevitablemente debía suceder, le ha llegado la hora a las administraciones locales. A lo largo de estos días, el Ejecutivo, los principales partidos y los alcaldes están llevando a cabo reuniones y negociaciones con el objetivo de ultimar y aprobar, a lo largo de este semestre, una importante reforma en el ámbito municipal.

Nada menos que 3.500 millones de euros es lo que calcula el Gobierno que se pueden llegar a ahorrar con los cambios previstos en este ámbito gracias a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incluido dentro del Plan Nacional de Reformas. Ésta delimitará las competencias municipales, al mismo tiempo que evitará duplicidades, e irá acompañada de una reducción del número de concejales, lo que supondrá otro cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Desde el Ejecutivo han anunciado que estos planteamientos llevan tiempo barajándose dada su complejidad (se trata de casi una reestructuración total), además, dada la multiplicidad de actores que intervienen en las negociaciones, llegar a un consenso requiere un gran esfuerzo. Pese a ello, tal y como ha indicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tanto los partidos políticos como las entidades locales se muestran muy predispuestos a lograr este consenso en el menor tiempo posible.

En este sentido, Montoro ha indicado que su ministerio trabaja codo a codo con representantes de la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP), así como con las distintas comunidades autónomas negociando un documento que se redactó el pasado mes de julio y continúa aún sufriendo variaciones.

El punto más crítico es el papel de las diputaciones ya que, mientras el ministerio opta por potenciarlas, los socialistas están a favor, incluso, de su desaparición, lo que supondría la privatización de las prestaciones municipales.

Asimismo, cabe recordar que otro de los puntos claves de esta reforma es la limitación de los sueldos municipales, estableciendo que ningún alcalde ni presidente de la Diputación pueda cobrar más que un ministro, es decir, 68.981,88 euros.

Por último, también es preciso destacar que las negociaciones plantean la modificación electoral para reducir en un tercio el número de concejales que existen actualmente, pasando de 68.578 a 47.240- un 31,1% menos, en la próxima legislatura municipal.

Una serie de medidas que, polémicas o no, no dejan de ser necesarias dado que está más que demostrado que, tanto los sueldos de algunos cargos municipales son desmesurados, como que estas administraciones se podrían gestionar con muchos menos trabajadores.

Foto: El chico gris

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