Las ONG denuncian el recorte de derechos sociales en España

Una veintena de ONG españolas han comparecido ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU con la intención de alertar sobre la posible vulneración de los compromisos que tiene España con las organizaciones internacionales, además de denunciar el peligro que corren los Derechos Humanos en nuestro país ante las políticas de recorte y ajustes para superar la crisis económica.

Human Rights Council

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Las 20 ONG han presentado ante la ONU dos informes en los cuales se explica que los recortes que está aplicando el gobierno para salir de la crisis ponen en riesgo los Derechos Humanos de los españoles. Con esto, se espera que los 19 expertos independientes que forman el Comité DESC evalúen España y vean si realmente está aplicando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por España cuando se implantó la democracia, en 1977.

Las ONG han criticado el “creciente deterioro” de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Amnistía Internacional ha querido, además, citar los recortes que ponen en peligro los Derechos Humanos. Por ejemplo está la sanidad, que pone en peligro la vida y la salud de muchas personas vulnerables, con pocos recursos económicos. Esto se refiere al anuncio del Ejecutivo de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. De modo que ha pedido al Gobierno de Rajoy que garantice la Ley General de Salud Pública para todas las comunidades autónomas.

Según han afirmado, los recortes influyen negativamente en la aplicación de los Derechos Humanos, ya que por culpa de eso, por ejemplo, se producen los desalojos de muchas familias. Según estas ONG, en estos casos, debería haber “la obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado”. O la reforma laboral, que deja en una situación de “desprotección” al trabajador y no facilita la inserción a un puesto de trabajo a los 5 millones de parados.

Las ONG han criticado que se ha llegado a esta situación porque la Constitución no reconoce los derechos sociales suficientemente, de modo que la penalización por la violación de estos derechos siguen siendo “una asignatura pendiente” de nuestra democracia. Pero también han pedido que todo gobierno deba analizar las repercusiones sociales de toda política antes que se apruebe.

Además, ante la ONU, las ONG han querido citar aquellos colectivos y personas más vulnerables a las restricciones de los Derechos Humanos: la población gitana, inmigrantes, discapacitados, homosexuales, y todos los ciudadanos diferentes por cualquier motivo de género o edad.

Foto: US Mission Geneva en Flickr

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