La empresa de Urdangarín y la Infanta bajo la mira de Hacienda

La Oficina Nacional de la Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria abrió hace ocho meses un expediente por un sospechoso movimiento de 147.800 euros en billetes de alta denominación entre el Instituto Nóos, presidido hasta el año 2006 por Iñaqui Urdangarin aunque continuó tomando parte en su gestión, y la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma. Urdangarín ya ha sido imputado en una pieza separada del caso Palma Arena y este expediente ha sido incluído por el juez en el sumario por su posible vinculación.

El expediente de la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades en las cuentas del Instituto Nóos y Aizoon, ambas con una implicación directa del duque de Palma Iñaqui Urdangarín. Tras las primeras comprobaciones entorno a una operación de 147.800 euros en efectivo, cuya investigación todavía sigue en marcha, la Agencia Tributaria consideró que «no se ha justificado el destino del dinero sacado en efectivo» e insinúa que los implicados trataron de engañar a los inspectores de Hacienda durante el curso de la investigación.

Los hechos se iniciaron el 20 de junio de 2008, cuando Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres (socio de Iñaki Urdangarin en la trama de empresas que supuestamente desviaron fondos públicos) retiró 147.800 euros en billetes de 500 euros de una cuenta corriente del Instituto Nóos. Dos semanas más tarde Tejeiro ingresó el dinero de nuevo en la misma cuenta.

El 22 de junio de 2011, el representante legal de Nóos, Luis Tejeiro, le contó a los inspectores de Hacienda que “debido al miedo de que pudiera afectarles la crisis bancaria que estaba sucediendo ese año” retiraron ese dinero para poder pagar una deuda contraída en 2005 con la empresa Aizoon (propiedad del duque de Palma y la Infanta)  por sus trabajos de apoyo logístico en un evento celebrado en las Baleares y cuya organización corría a cuenta de Nóos. Dos semanas más tarde, viendo la ineficacia de aquella operación, ingresaron de nuevo el dinero y así pagar a Aizoon a través de los bancos.

Para contrastar las declaraciones y supuestos hechos sobre el movimiento de Nóos, la Agencia Tributaria contactó con Aizoon en dos ocasiones, la primera el 4 de Agosto de 2011 y la segunda el 14 de Setiembre. Finalmente, el representante legal de Aizoon se presentó el 13 de Octubre, cuando Urdangarin, dueño de Aizoon, ya sabía que había una investigación judicial abierta por los negocios en Nóos, y que su socio en ese instituto sin ánimo de lucro estaba imputado por presunta corrupción.

El representante alegó que Aizoon no había cobrado la factura completa (556.300 euros, la mitad de lo que recibió Nóos del gobierno balear por organizar un encuentro de turismo y deporte) por desacuerdos con la empresa Nóos. Dos días más tarde de la justificación de Aizoon, Luis Tejeiro, el representante de Nóos, ofreció una nueva versión a Hacienda alegando que los 147.800 euros habían quedado a disposición de Diego Torres del Instituto Nóos y que esa cantidad la pagó en forma de IRPF e IVA en 2008.

Sin embargo, Hacienda prosiguió con la investigación y descubrió que la sede de la empresa del Duque de Palma y la Infanta Cristina cambió el domicilio al mismo que el Instituto Nóos cuando la Agencia Tributaria contactó con Aizoon; a más, Urdangarín, pese a dejar formalmente su cargo en el Instituto Nóos en 2006 por petición del Rey, siguió teniendo una influencia en las decisiones del Instituto. Como segundo punto, la Agencia Tributaria concluyó que la factura que es objeto de discordia es de 2005 y los movimientos son de 2008, y no existe ningún tipo de reclamación de pago por parte de Aizoon al Instituto Nóos.

El juez que instruye el caso Palma Arena se ha interesó por el expediente y la Agencia Tributaria se lo remitió hace más de un mes. La Oficina Nacional de Fraudepreguntó el pasado 14 de diciembre si suspendía el procedimiento o continuaba con el mismo, en cuyo caso, solicitaba al juzgado que le facilitaran toda aquella información del caso Palma Arena que pudiera estar relacionada con la investigación fiscal abierta.

Fuente: El País

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