Joaquin Almunia se carga la seguridad jurídica

La presión del comisario español consigue que España sea condenada a devolver las ayudas concedidas al sector naval entre 2007 y 2011.

astilleros

Lo que se da no se quita. Bruselas parece no haber oído nunca una de las expresiones más universales, cosa sorprendente habida cuenta del elevado flujo que subvenciones que salen cada año de sus arcas. Finalmente, el sector naval español, y más concretamente los astilleros del norte, deberá devolver las ayudas concedidas entre 2007 y 2011. La resolución, ante la que cabe presentar recurso (eso sí, con pocas probabilidades de éxito), puede llevar al cierre a distintas empresas, con el consiguiente despido de personal. Una decisión que acaba con uno de los principios jurídicos más elementales, el de la no retroactividad de las ayudas prestadas. Con este precedente, la credibilidad de la Unión Europea seguirá cayendo.

Inmersos en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con los EEUU, la UE parece no ser consciente del daño que determinadas decisiones causan a su imagen exterior. A pesar de que serán los inversores y no los propios astilleros quienes deban devolver las ayudas, cuyo importe total asciende a 2.000 millones de euros, es de esperar que las plantas acaben notando la retirada de los inversores. La resolución ha tenido como principal adalid al comisario español Joaquín Almunia, que exigía que se devolvieran también las ayudas de los ejercicios 2005 y 2006. Paradójicamente, el que fuera candidato del PSOE a la presidencia de España en el año 2000 no ha tenido ningún problema en actuar contra los intereses de su propio país.

Postura bien distinta a la del italiano Antonio Tajani, comisario de Industria, quien apoyó en todo momento la causa española y trató de suavizar las abusivas condiciones de Almunia. Con el enemigo en casa, los presidentes autonómicos (Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado especialmente beligerante) intentaron hasta el último momento que solamente se devolvieran las ayudas del año 2011, cuando se iniciaron las investigaciones. La sentencia definitiva causará, según datos del Ministerio de Industria, el despido de más de 80.000 trabajadores y condenará prácticamente a desaparecer al sector astillero, que dicho sea de paso, sobrevive gracias a ayudas públicas.

Fuente: El Mundo

Foto / Sidi Guariach

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