Investigan a Nicolas Sarkozy por financiación irregular

El juez Gentil ha registrado la casa, las oficinas y el despacho de abogados del ex-presidente francés Nicolas Sarkozy para buscar pruebas de una supuesta financiación irregular en las elecciones presidenciales de 2007.

El juez Jean Michel Gentil ordenó ayer el registro del domicilio del ex-presidente francés Nicolas Sarkozy, además de sus oficinas y el despacho de abogados al que pertenece. El magistrado investiga un presunto caso de financiación irregular de su partido en las elecciones de 2007, en las que Sarkozy llegó al Elíseo. Concretamente, se sospecha que en la campaña electoral de 2007 la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido de Sarkozy, recibió numerosas donaciones procedentes de Lilliane Bettencourt, dueña de L’Oréal, y que actualmente está inhabilitada por los jueces ya que padece alzheimer.

El juez sospecha desde hace 2 años de las donaciones que Bettencourt y su difunto marido realizaron a la UMP, pero no ha sido hasta ahora, cuando el ex-presidente francés ha perdido su inmunidad política un mes después de ser derrotado en las elecciones por François Hollande, que el magistrado ha entrado a fondo para esclarecer el papel de Sarkozy en esta supuesta financiación irregular. Sarkozy no es el único miembro de la UMP involucrado en este caso. El tesorero del partido y ex-ministro de Trabajo, Eric Woerth, declaró como imputado en febrero acusado de haber recibido del por entonces administrador de la familia, Patrice Maistre, 50.000 euros en efectivo. En diversas ocasiones, Bettencourt ha admitido que históricamente ella y su marido habrían financiado a la derecha francesa.

El caso Bettencourt estalló en verano de 2010, después de que la hija de la propietaria de L’Oréal, que posee la tercera mayor fortuna de Francia, pidiera la inhabilitación judicial de su madre, que padece alzheimer y una «demencia mixta». A partir de unas escuchas, además de la financiación irregular de la UMP, también se descubrió la existencia de cuentas ilegales en Suiza o un hipotético delito de conflicto de intereses.

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