Garzón niega haber violado la Ley de Amnistía

El juez Baltasar Garzón negó en la sesión de ayer ante el Tribunal Supremo español que vulnerara la Ley de Amnistía, aprobada en España en 1977, al investigar las desapariciones en la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista. El magistrado, que es juzgado en el Alto Tribunal por prevaricación, dijo que la investigación no vulneraba dicha norma ya que la Ley de Amnistía se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes contra la humanidad denunciados puedan tener naturaleza política.

La Ley de Amnistía dice que se deben olvidar “todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos realizados antes del 15 de diciembre de 1976”. “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben con el paso del tiempo y no pueden ser amnistiados”, se defendió el juez ante el Tribunal, y añadió que esos crímenes no tienen naturaleza política. Además, la prescripción no existe ya que se trata de desapariciones y ejecuciones cuyos efectos son permanentes hasta el momento en que aparece la víctima. 

“Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya, pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección”, afirmó el magistrado. Esas víctimas hablaban de hechos con apariencia delictiva, calificados como genocidio y crímenes contra la humanidad, volvió a repetir. Afirmó que desde 2006, las denuncias formuladas por la asociación Memoria Histórica y particulares describían un «plan preconcebido» y «sistemático» de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas; y por eso mismo se consideró competente para investigar crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos cargos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el Supremo estableció para el ex militar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.

Respecto a la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, que pretende la reparación de las víctimas, niega también haberla violado. «Verdad, justicia y reparación» es lo que desea para las víctimas

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