Gallardón publica las nuevas tasas judiciales

La Ley de Tasas Judiciales espera su vigencia mientras sufre las críticas de una gran oposición.

Justicia se demora, pero por fin el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley en la que se aprueban las tasas judiciales, que oscilan entre los 100 y 1200 euros, para poder recurrir cualquier resolución en los tribunales.  La ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses iba a entrar en vigor mañana, pero por falta de sincronización con el Ministerio de Hacienda, el subsecretario del Ministerio de Justicia ha anunciado que se aplazará «varias semanas» la puesta en marcha de esta medida.

La regulación de las tasas judiciales se aplicará tanto en el ámbito civil como en el administrativo, de manera equitativa para todos los ciudadanos, ya que antes solo era para las grandes empresas. Sin embargo, la ley aún no puede hacerse efectiva, tal y como indica el Consejo General de la Abogacía, pues el ministerio no ha facilitado aún el impreso oficial con el que se hará efectivo el pago previo al procedimiento judicial.

El preámbulo de la nueva norma señala que los desajustes en la anterior ley han sido los que han impulsado esta reforma, y asegura que la regulación se ha elaborado ciudadosamente con el fin de que «no afecte al derecho de los españoles a acceder a la justicia«. La novedad diferencial respecto a la anterior norma reside en las tasas de las personas físicas en el ámbito civil y contencioso, antes inexistentes. La regulación antes solo era aplicable a las empresas con ingresos superiores a ocho millones de euros, que ahora también se ven repercutidas, pues se ha impuesto una tasa mayor. Es la primera vez que el acceso a la jurisdicción social tiene precio, la única excepción que evadirá la norma serán los beneficiarios de justicia gratuita (turno de oficio).

El Ministerio de Justicia, ha justificado la medida como un intento de acabar con la saturación en los juzgados, y alega que contarán con mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Jueces, abogados y usuarios han sido los primeros opositores a la ley, ya que consideran que tras su vigencia la justicia no será igual para los ricos que para los pobres. 

La negativa ha ido más allá, y es que Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judicial han juntado sus fuerzas en un manifiesto conjunto que exige la retirada de la ley en defensa del servicio público. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se reunió ayer con representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales para trabajar en equipo por la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales. Movimiento que precede al anuncio de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, que afirma que recurrirán la norma al Constitucional porque vulnera la igualdad de los españoles. 

Vía / El País

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