Fondo social de alquiler para desahuciados

Se ha alcanzado un acuerdo por el se dará inicio al Fondo Social de Alquiler con el fin de ayudar a personas en situación de deshaucio.

Soraya Sáenz de Santamaría anunció la creación de un Fondo social de alquiler

El pasado 17 de enero se firmó el acuerdo que va a regir sobre el Fondo Social de Alquiler para personas en situación de desahucio. Esta nueva figura fue creada por el Gobierno de España el pasado mes de noviembre tras la aprobación de la paralización de los desalojos de personas que no podían pagar sus hipotecas, durante un periodo de dos años. Está incluido en el conjunto de propuestas organizadas por el Estado como medidas anti-desahucio.

Diversas entidades financieras contribuirán con viviendas de su propiedad para engrosar este proyecto, un total de 6.000 entre bancos y antiguas cajas de ahorros. Los más destacados son Bankia, que incluirá 1.000, y BBVA, con 899, seguidos de Caixabank, que colaborará con 850 pisos y Banco Santander, aportando 441. BMN, nueva entidad surgida de la integración de Caja Granada, Caixa Penedés, Caja Murcia y Sa Nostra, hará su contribución de 180 viviendas.

En la firma de este convenio participarán tanto los Ministerios de Fomento, Economía y Sanidad, como el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias y diversas ONGs. Se basará en la donación por parte de las entidades financieras de los inmuebles que no hayan sido cedidos a la “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria” (SAREB) o “Banco malo”, comúnmente llamado. Este banco fue creado en agosto del año anterior mediante Real Decreto-ley por el Gobierno, con la finalidad de hacer desaparecer los balances negativos y saneamiento de la banca.

Las entidades colaboradoras serán las encargadas de gestionar y adjudicar las viviendas a sus clientes, siempre que se encuentren dentro de los requisitos mínimos para ello, como haber sido desahuciado con fecha posterior al 1 de enero del 2008, y no superar un tercio de la cifra del IPREM (19.000 euros anuales) en ingresos por unidad familiar.
Los alquileres están estipulados entre los 150 y los 400 euros mensuales, y el contrato de arrendamiento tiene una duración inicial de 2 años, con posibilidad de prorrogarlo un año más. El arrendador ha de reintegrar el domicilio tal y como lo encontró.

Si la iniciativa da frutos, en un futuro el número de inmuebles de este proyecto aumentará notablemente.

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