El Supremo exige a Cataluña que el castellano sea lengua vehicular

Tres familias residentes en Cataluña presentaron un recurso al Tribunal Supremo después de que la Generalitat les denegara en 2006 el derecho de escolarizar a los niños en castellano. Ayer mismo el Supremo dictó las sentencias, en las que se estipulaba que el Govern catalán debía tomar las medidas que fueran necesarias para que el castellano fuera, junto con el catalán, lengua vehicular en el sistema educativo. A pesar de elogiar la política lingüística de la Generalitat, cuyo proceso de normalización de “la lengua propia de Cataluña (…)  ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos“, la sentencia indica que esta política “no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo.

Tribunal Supremo

A pesar de que PSC y CiU -representantes del Govern de la Generalitat saliente y entrante, respectivamente-  han declarado que esta sentencia no afecta “ni una coma” del sistema educativo y modelo de inmersión lingüística actual, parte de la sociedad y clase política catalana han visto en este hecho las primeras consecuencias del recorte del Estatut. Además de ser un modelo con más de 25 años de vida, uno de los argumentos que utilizan en defensa propia son los recientes resultados del PISA, en los que los alumnos catalanes demuestran un conocimiento del castellano superior a la media estatal. Un hecho que también se produce en otras comunidades autónomas bilingües, pero con diferentes modelos de inmersión lingüística, como Galicia o el País Vasco.

Foto: J.L. de Diego en Commons.wikimedia.org.

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