El proyecto de Artur Mas se hunde en Bruselas

Por novena vez, Bruselas recuerda que una región que se independice de un país miembro difícilmente podría volver a entrar en la UE.

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La aprobación en 2004 del Tratado de Lisboa suponía la culminación del largo proceso de integración europea iniciado a mediados del siglo XX con el Tratado de Roma. La llamada “Constitución para Europa” tuvo que enfrentarse sin embargo a numerosos obstáculos, pues debía ser aprobada en referéndum por todos los países de la UE. España dio un “sí” abrumador, pero Holanda y Francia arrojaron un resultado bastante contrario que abortó el proyecto constitucional. En cualquier caso, las sesiones constituyentes sirvieron para reforzar la postura comunitaria contra los procesos de autodeterminación.

Concretamente, sería el italiano Romano Prodi la primera gran autoridad en pronunciarse sobre la cuestión. Desde entonces, han sido numerosos los responsables comunitarios que salían al paso de cualquier tentativa secesionista en un país miembro (Escocia, Euskadi, Córcega…). Toda región que opte por la separación unilateral quedará automáticamente excluida de la totalidad de tratados impulsados por la UE. Paralelamente, dejará de pertenecer a la propia UE y su reingreso será extraordinariamente complicado.

Recordemos en este sentido que, de acuerdo con el funcionamiento de la UE, la admisión de un nuevo estado en su seno solamente puede llevarse a cabo con el voto favorable de todos los países miembros. Ni qué decir tiene que, ante una declaración unilateral de independencia, España jamás votaría a favor de la entrada de Cataluña en la UE, condenando al nuevo Estado Catalán a la marginalidad continental. Económicamente, esto tendría unas consecuencias funestas para los catalanes, pues se verían obligados a adoptar una nueva divisa mucho más débil que el euro.

Con todo, el propio Artur Mas se empeña en afirmar que Cataluña mantendría el euro. Una posibilidad real pero con numerosos matices. Los catalanes podrían conservar ciertamente el euro, pero carecerían del respaldo del BCE y por tanto estarían condenados a adoptar devaluaciones sistemáticas. Las importaciones se encarecerían extraordinariamente y la inflación alcanzaría cotas insostenibles, afectando muy seriamente al consumo interno del nuevo país. Un panorama poco halagüeño que quizá ha empujado al lehendakari Íñigo Urkullu a optar por vías distintas a las de su homólogo catalán.

Fuente: elEconomista.

Foto: Convergència Democràtica de Catalunya

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