El PP quiere reformar el Código Penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado durante su primera intervención en la Comisión de Justicia del Congreso la introducción de tasas judicales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar «abusos» y mejorar el uso de los recursos disponibles. Gallardón también ha anunciado la intención del PP de revisar la ley del aborto y la reintroducción de la cadena perpetua para aquellos casos que han despertado fuerte alarma social entre otras.

Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

Recurrir la decisión de un juez de primera instancia no será gratuita, al menos, no para la mayoría de ciudadanos. Según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se trataría de un sistema de tasas de modo que el ciudadano que pida recurrir a una segunda instancia deberá abonar los costes. En caso de que la nueva sentencia le sea favorable se le reintegrará ese depósito. Todo y así el ciudadano deberá tener capacidad económica para anticiparlo y para vivir sin esa cantidad mientras se resuelve el recurso, y aceptar el riesgo de perderlo. Una idea que supone poner trabas a un derecho y evitar que la gente lo ejerza con libertad.

Gallardón ha defendido un “uso racional de la Justicia” y  ha señalado que el «abuso de acceso a órganos judiciales» por parte de algunos ciudadanos en la interposición de recursos que pone en dificultades la sostenibilidad económica de la Justicia y pone en riesgo que quienes de verdad tienen motivo para recurrir lo puedan hacer. Por ello, el ministro de Justicia ha anunciado un endurecimiento de los requisitos y controles de esta justicia gratuita. Y a pesar de ello, Gallardón anunció que no peligra la gratuidad de la justicia es decir, el acceso a las personas que puedan demostrar que carecen de medios para acudir a los tribunales. La jurisdicción penal es la única que se salva de la quema.

Esta no es la única medida en materia judicial que quiere modificar el PP del Código Penal. El ejecutivo de Rajoy estudia la posibilidad de incluir la cadena perpetua revisable en aquellos casos que hayan suscitado una fuerte alarma social; como de costumbre, una vaga descripción ya que en ella entrarían desde el caso Marta del Castillo, la trama Gürtel de corrupción que salpicó a varios políticos del PP en Valencia o el caso Noós. Aparentemente motivado por el caso de Marta del Castillo y tratando de pescar en río revuelto, Gallardón ha anunciado una reforma de la ley del menor. La intención del Gobierno del PP es unificar los criterios en aquellos casos en los que menores y adultos estén implicados en los hechos.

Otras de las posibles reformas al Código Penal versan sobre la Ley del Aborto, con el objetivo de que las chicas menores deban tener obligatoriamente el consentimiento paterno para abortar. Gallardón ha completado su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso anunciando la intención de castigar de una forma más severa la multireincidencia (que los hurtos repetidos se juzguen como delitos y no como faltas), limitar el papel de los fiscales a la hora de instruir delitos.

Los partidos de la oposición rápidamente han alzado sus voces críticas con las propuestas del PP. Desde el PSOE se ha acusado a los populares de romper los consensos anteriores y de apresurarse en cubrir las plazas vacantes de los órganos constitucionales. Los líderes de IU y de UPyD han señalado que la intencionalidad de estas medidas es disuadir a los ciudadanos de recurrir las sentencias con una justicia de dos velocidades. Desde el PP, tanto Gallardón como la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría (en distintas comparecencias en materia judicial) han abogado por el consenso para llevar a buen puerto estas reformas del Código Penal.

Foto: Dolors Nadal en Flickr.

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