El juez Garzón vuelve al banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo

El fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha solicitado que se le aplique la ‘doctrina Botín’ con el fin de que se decrete el sobreseimiento de la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

Dicha petición responde a la consideración de que la acusación popular es «incapaz» de abrir en solitario el procedimiento y su presencia en la causa es «meramente adhesiva», es decir, que sería una causa que no presentaría acusación alguna en la Fiscalía. De hecho, de aplicarse, la acusación se reduciría a la presentada por Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.

Ya hay precedentes. El tribunal que el Supremo ya archivó en 2007 la causa seguida contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad por haber ofrecido a sus clientes productos financieros fiscalmente opacos, al haber sido acusados únicamente por la acción popular, y de ahí el nombre de la doctrina.

Por otro lado, Gonzalo Martínez Fresneda, abogado del magistrado, también aprovechó su turno de exposición, durante la presentación de las cuestiones previas, para acusar de parcialidad al juez instructor, Luciano Varela. Fresneda ha destacado que fue Varela quien dirigió a las acusaciones y tomó partido a su favor, es decir, que fue él quien prevaricó y no su defendido.

En este sentido el fiscal entiende que algunas resoluciones del juez Varela eran «radicalmente nulas» al haber vulnerado derechos fundamentales de Baltasar Garzón y haberle dejado en «una clara situación de indefensión». Con ello se hacía referencia a la controvertida actuación del instructor Varela de dictar a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS —a la que había dado entrada y luego expulsó del procedimiento— las correcciones que debían hacer en sus respectivos escritos de calificación para que pudiesen ser admitidos, en vez de declararlos nulos.

De hecho, el escrito resultante admitido por Varela, según la defensa de Garzón, sigue siendo una copia literal de un auto de Varela, hasta el punto de que “el autor intelectual” del escrito de acusación “viene a ser el propio magistrado instructor”.

Y es que el juicio es consecuencia de una querella presentado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y admitida por la Sala Penal el 26 de mayo de 2009. Tras interrogar a Garzón y realizar diligencias durante ocho meses, el instructor, Luciano Varela, sostuvo en un polémico auto que el juez imputado no pretendía investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar”, superando las limitaciones de la ley de Memoria Histórica.

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, ha indicado que Varela se limitó a «perfilar» su escrito de acusación, el cual permaneció «inalterable» durante la fase de instrucción y del que conoció «perfectamente» la defensa.

En cuanto al resto de su defensa, Ruiz Infante ha declarado ante el Supremo que el «interés público» y el derecho a ejercer la acción popular debe prevalecer y ha diferenciado este caso que dio lugar a la ‘doctrina Botín’. Además, el sindicato ha manifestado su «más profundo respeto» a las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos pero ha manifestado ver los suficientes «indicios de criminalidad» para condenar a Garzón.

Esta es la acusación por la que Garzón ahora se sienta en el banquillo. Una acusación que, de dar la razón al sindicato ultraderechista Manos Limpias y a la Asociación Libertad y Justicia, se saldaría con 20 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación que podrían sumarse a los 17 años más de inhabilitación que se pide en otro juicio -aún sin resolver- por las escuchas a los principales implicados en la trama «Gürtel».

Pero Gazón no ha estado sólo y son muchos los que han querido acercarse hasta los juzgados para mostrar su apoyo al letrado. Además, otros juristas internacionales y miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos han asistido también como observadores internacionales en este segundo juicio.

Los representantes de la Comisión Internacional de Juristas, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch manifestaron hace unos días su disconformidad ante la celebración de este juicio cuyo proceso dicen tener «un efecto de intimidación» sobre otros jueces que están analizando delitos de lesa humanidad.

El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 31 cuando se resolverán las cuestiones previas y se decidirá si se interroga al juez Garzón, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años solicitada por las acusaciones populares, ejercidas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

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