El Gobierno reacciona ante la protesta de las webs de descargas

«Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs«. Las páginas de enlaces de descargas de archivos y streaming, que no se aglutinan dentro de ninguna asociación formal, se pusieron de acuerdo durante la jornada de ayer y detuvieron, todas a una, sus servicios. Mostraban en su página principal y sobre un fondo negro este mensaje, en señal de protesta y rechazo a la Ley de Economía Sostenible (que incluye la conocida ‘ley Sinde’) que la Comisión de Economía pretende aprobar mañana.

Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura / Foto: Getty Images

Se calcula que estas páginas generan el 70% del tráfico en la red en España y, de hecho, fuentes de los operadores de acceso a internet (ISP) creen que el tráfico de datos podría haber caído ayer en torno al 50%, según informan en El País.  Los efectos de este ‘motín’, que llega justo después del caos aéreo de hace unas semanas, ha puesto en alerta al Gobierno.

De este modo, el PSOE se ha alíado con CiU para ablandar los predispuesto en la ley, y ha previsto la introducción de una enmienda transaccional que incluye la creación de un organismo de arbitraje independiente para mediar, antes de llegar a instancias judiciales, entre la Comisión de Propiedad Intelectual y las páginas web que hayan sido objeto de denuncia. En la redacción original, la Comisión tenía competencia directa para intervenir en estas acusaciones mediante un procedimiento rápido que incluía el bloqueo y el cierre de webs.

La aprobación de la ‘ley Sinde’ también ha generado polémica entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso, que critican distintos aspectos de lo dispuesto en la normativa y el procedimiento mediante el cual se quiere llevar a cabo su aprobación. Algunas fuentes afirman que el rechazo popular a esta medida se ha visto agrabado, durante los últimos días, por una filtración de Wikileaks en la que se destaca cierta conexión entre esta ley y las presiones de la Embajada de Estados Unidos en España, que podría haber amparado al Gobierno en la iniciativa.

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