El Gobierno presenta la nueva Ley de Transparencia

El gobierno ha presentado una de sus nuevas reformas, el borrador de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Pero aún así, durante 15 días, los ciudadanos podrán aportar sus ideas para que se tengan en cuenta. La ley tiene como objetivo “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones” de los cargos políticos.

Soraya Saenz Santamaria

La primera ministra Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

Para cumplir el objetivo de Buen Gobierno, no se creará ningún órgano independiente, sino que será el mismo gobierno quien controle y tenga capacidad sancionadora para cargos públicos que falseen u oculten datos contables. La pena es de inhabilitación de entre 5 y 10 años por malgastar dinero público y falsear datos, por no cumplir la ley de estabilidad presupuestaria y por gastar sin tener crédito suficiente.

En la ley hay una parte muy extensa donde se explican las sanciones. En un intento por acabar con la corrupción, se sancionará a los cargos que acepten “para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía” y que puedan “condicionar el desarrollo de sus funciones”. Pero no se especifica cuáles son los usos habituales o la cortesía. Es una norma que intenta imitar la legislación europea y norteamericana, más extensa y concreta que la nuestra. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede conocer con qué personas se reúne el presidente Obama.

Aún así, los ciudadanos tienen el poder de pedir a las administraciones públicas cualquier información relevante, pero eso no significa que estén obligadas a contestar. Para hacer cualquier demanda deben incluir su identificación, la información que se requiere, una dirección de contacto, la modalidad con la que se quieren recibir los datos y los motivos por los cuales se demandan. En principio, la administración competente tiene un mes para responder.

Pero hay límites como las informaciones de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Como también queda al margen aquellas informaciones que se consideran que atentan contra “los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria y la protección del medio ambiente”, como también la información relacionada con el patrimonio de la Casa Real.

Los datos que se quieran obtener, en un principio, son gratuitos a no ser que sean de muy difícil acceso, se requieran muchas copias y haya que transformar el formato original. Mediante esta ley se podrá acceder a informaciones como las subvenciones y ayudas públicas, los convenios suscritos o los contratos adjudicados por la administración y su importe.

El Poder Judicial también se verá afectado por esta norma, como también el Tribunal Constitucional, ya que se deberá informar específicamente de su organización, su planificación, su relevancia jurídica y económica entre otros aspectos. La primera ministra, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que desde todas las páginas web de los ministerios, se invitará a participar en las propuestas para la ley y que se tendrán muy en cuenta.

Foto: PP Madrid en Flickr

Valora esta noticia: 1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (0 votos, media: 0,00 de 5)
Loading ... Loading ...