El fiscal pide una sanción de 4 millones para Urdangarin

El escándalo de corrupción que salpicó a la Casa Real en 2011 fija ya la pena civil, a esperas del juicio que llevará al Duque de Palma al banquillo de los acusados.

El caso Urdangarin, avanzó un paso más ayer con la sentencia del juez José Castro que estableció en 8,1 millones de euros la fianza que el yerno del Rey deberá pagar junto a su ex socio Diego Torres, 4 millones creespectivamente. Sanción que estará sujeta a la aceptación por parte del juez de la petición del fiscal Pedro Horrach. La pena se limitará al reembolso económico que según Horrach, que lleva 18 meses investigando los negocios ilegales del Instituto Nóos, cubrirá los desvíos de dinero público a empresas privadas de la propiedad de ambos imputados, entre 2004 y 2007.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha preferido no hacer declaraciones sobre la petición del fiscal, puesto que aún no hay constancia oficial, pero señaló que la fianza le parece «exagerada», según agencia Efe. «Como han salido tantas novedades y tantas especulaciones sobre el caso, al final esto es como el cuento de Pedro y el Lobo», aseguró. Las cifras de la investigación, sin embargo, indican que durante la influencia del duque de Palma, el Instituto Nóos logró 6 millones de euros para organizar distintos eventos, en Baleares y la Comunidad Valenciana, para la promoción turística a través del deporte, durante los Gobiernos del PP. La mayoría del dinero público se destinó a empresas privadas de Urdangarin, Torres o de ambos. Las tarifas de los eventos las establecían ellos sin ningún tipo de auditoría o contemplación de otras ofertas, dinero que les pagaban los dirigentes autonómicos.

El caso que despertó el escándalo en 2011 salpicó a los dirigentes públicos de Baleares y Comunidad Valenciana, siendo el prestigio de la Casa Real el que resultó más dañado. El mayor altercado social de la historia de la monarquía española, supuso una reacción positiva por parte del Rey que apartó a su hija Cristina y a su yerno de las actividades oficiales de la institución y facilitando más información sobre sus presupuestos. El monarca también quiso hacer referencia al asunto en sus discursos que abordaron la necesidad de la honestidad en el terreno empresarial y destacó que la justicia es igual para todo el mundo.

Tras año y medio de investigación judicial se establece una fianza civil, que se diferencia de la penal porque no se fija para eludir el ingreso en prisión. De no disponer de fondos para cubrir la sanción se respondería con bienes y propiedades. El fiscal estimó la cantidad de 8,1 millones de euros sumando las cantidades íntegras recibidas por el Instituto Nóos, pese a que una parte de esa cifra cubrió los servicios de los eventos. El fiscal Horrach defendió que los acuerdos que originaron la cooperación con Nóos “son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos”.

La gestión de los dirigentes, balear y valenciano, también han sido censurados por el fiscal, que reitera que los acuerdos administrativos tuvieron la única finalidad de «beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa”. Además añadió que los convenios se firmaron mediante pactos verbales, ya que los dos proyectos, Valencia Summit y Illes Balears Forum, se organizaron y desarrollaron previamente a la formalización de los convenios de colaboración. «La conclusión es que estamos ante una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder, requisito básico para calificar las distintas conductas como delictivas”, sentenció en uno de sus escritos.

Las seis ilegalidades principales que incurren en el caso son: los acuerdos entre las partes son fruto de un pacto verbal, prohibido legalmente; la falta de justificación de la utilidad, necesidad o interés público; falta de análisis del precio de mercado del servicio; falta de transparencia y publicidad; falta de concurrencia y, omisión de control y fiscalización del gasto.

Las facturas presentadas por Torres y Urdangarin frente a la acusación , superaban con creces los precios del mercado, no correspondían a los actos o sucedieron antes de la celebración de dichos congresos. La fiscalía ha declarado que si el juez no apoya la sentencia rebajara la pena a 5 millones de euros, la diferencia entre lo que cobraron de las arcas públicas y lo que realmente invirtieron en los eventos. La causa espera cerrarse para continuar con el proceso que llevará a Urdangarín y Torres al banquillo de los acusadospara juzgar los tres delitos de los que se les acusan (fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos), que están tipificados con penas máximas de dos a seis años de cárcel.

Vía/ El País

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