Alaya detiene a treinta corruptos más en una nueva operación en Andalucía

Los detenidos son políticos, altos cargos municipales y técnicos que supuestamente han cobrado comisiones por favorecer a empresas en contratas públicas

Alaya

La Operación Madeja ya está dando sus frutos. Una treintena de sospechosos de haber cometidos actos de corrupción han sido detenidos en una nueva redada anticorrupción dirigida por la juez Mercedes Alaya. Los detenidos son mayoritariamente de la comunidad autónoma de Andalucía aunque la red de corrupción también se ha extendido a Extremadura y las Islas Canarias. Según fuentes judiciales la juez investiga sobornos a políticos, empleados municipales y a técnicos para conseguir importantes contratos.

La pesquisa que dio origen a la investigación fueron las corruptelas destapadas de Domingo Enrique Castaño, ex-directivo del departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla. Esta nueva red de corrupción ha sido destapada por el prestigioso grupo UCO de la Guardia Civil, que han dirigido otras causas como la Operación Púnica. Los elitistas agentes sospechan que Castaño, que también era asesor del PSOE en el ayuntamiento de Sevilla, pudo recibir grandes cantidades de dinero en metálico y caros regalos por favorecer a las empresas Fitonovo y Fiverde en la concesión de contratas municipales. El asesor habría ganado con sus actividades al margen de la ley más de 400,000 euros en efectivo a lo que habría que sumar el importe de los obsequios.

Un nombre pone en relación la Operación Púnica con la Madeja: José Antonio González. El hijo de la empresa Fitonovo fue detenido por la Guardia Civil en la Operación Púnica por sobornar a empleados y políticos del departamento de Medio Ambiente de la ciudad de Sevilla. El informe remitido por la Benemérita afirma que en esta corruptela también ha participado Joaquín Peña, el exconcejal del PP  y encargado del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. No obstante aunque tengan elementos en común, son dos causas separadas en las que aparece un sospechoso común.

La juez Alaya, esta misma mañana, ha ordenado una serie de registros en la Diputación Provincial de Sevilla. La Guardia Civil ha empezado las inspecciones a las nueve de la mañana y han puesto énfasis especial en el despacho de uno de los técnicos de la diputación, investigado por ser uno de los supuestos cabecillas de la corruptela. Los agentes buscan pruebas que demuestren los pagos de comisiones o regalos ha cambio de favores personales o designar las contratas municipales a dedo a las empresas implicadas.

Los investigadores han utilizado varias técnicas de investigación entre la que destaca pinchar las líneas de teléfono de los sospechosos. En muchos casos ellos mismos se han desvelado con conversaciones explícitas que dejan pocas dudas sobre  sus fechorías. Según fuentes judiciales no se descarta que se realicen más detenciones que se sumen a las treinta de hoy.

Vía: El País

Imagen: Fcohdez

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